¡Alimentos – en vez de balas – para los agricultores de Asia!

¡Justicia para las víctimas de la violencia de Estado en Kidapawan, Cotabato del Norte!

Declaración de IBON Internacional

IBON Internacional condena en los términos más enérgicos la represión violenta llevada a cabo por la Policía Nacional de Filipinas (PNP) en Kidapawan, como respuesta a la ocupación de la carretera de Kidapawan por parte de 6.000 campesinos desarmados y miembros de la etnia Lumad con el fin de solicitar ayuda alimentaria y la toma inmediata de medidas para contrarrestar los efectos de la sequía que – debido al fenómeno climatológico “el Niño” – les afecta en sus seis municipios de residencia. Según los informes, el ataque provocó siete muertos y más de un centenar de heridos, mientras que al menos otras 89 personas (incluidos ancianos, mujeres y seis menores de edad) se encuentran en paradero desconocido.

Los campesinos y los lumad habían estado en negociaciones con la gobernadora provincial Lala Talino-Mendoza, quien respondió a la demanda ofreciéndoles 3 kilos por persona, cantidad que se repartiría cada tres meses. Para muchos de los manifestantes, la escasa oferta parecía desmentir la afirmación del gobierno de disponer del suficiente arroz almacenado en las dependencias gubernamentales como el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo, para afrontar este tipo de calamidades. Lo cierto es que, en medio de la sequía provocada por “el Niño” y la hambruna que consecuentemente asola las comunidades de Cotabato del Norte, no se ha distribuido ni una sola bolsa de arroz.

Mientras que algunos ya habían sido detenidos previamente, alrededor de 4.500 de los manifestantes quedaron atrapados en la iglesia metodista donde buscaron refugio, negándoles las fuerzas policiales del Estado la posibilidad de regresar de forma segura a sus hogares.

IBON Internacional pide la liberación inmediata de todos los manifestantes y la retirada de las fuerzas policiales y militares presentes en el lugar. Debe reconocerse que, en virtud de lo dispuesto por la legislación filipina, está prohibido que la policía lleve armas en una distancia inferior a 100 metros alrededor de la manifestación, como lo está evidentemente aun con mucha más razón, el hecho de abrir fuego sobre los manifestantes.

Es, sin embargo, absolutamente innecesario recurrir a la ley para entender la gran injusticia que supone responder con la violencia del Estado a las demandas de ciudadanos que requieren una intervención humanitaria. Hay que recordar que ya el año pasado la región se encontraba en lo que se considera un estado de urgencia, por lo que la ausencia de dicha intervención supone una clara morosidad en el cumplimiento de una obligación. La persistencia en seguir retrasando la liberación de fondos paliativos para situaciones de calamidad como la presente, en especial el incumplimiento del compromiso de repartir los sacos de arroz acordados, merece la calificación de acto delictivo de especial crueldad.

En consecuencia, IBON Internacional exige una investigación exhaustiva e independiente de los sucesos acaecidos. Por otro lado, la gobernadora Talino-Mendoza, las unidades de gobierno local, la PNP y el gobierno nacional deberán rendir cuentas en la medida de cada uno de ellos pudiera ser responsable de la perpetración de homicidios y otras violaciones de derechos humanos.

La violencia estatal desplegada en Kidapawan contra los campesinos y la comunidad indígena, así como las deplorables condiciones de vida imperantes, deben ser entendidas como síntomas de problemas sociales de gran alcance que se evidencian en todo el continente asiático.

Así, solo tres días antes del incidente en Kidapawan, 700 agricultores que se manifestaron en Sulawesi Central (Indonesia) quedaron sometidos a fuego con proyectiles de goma por parte de la policía y el ejército. El resultado fue de 14 heridos, 103 detenciones. Los agricultores habían organizado una marcha de protesta hacia la capital de provincia para participar en la jornada del «día de los sin tierra,» un día mundial de acción organizado a iniciativa de la Coalición de Campesinos de Asia, que tenía por objeto ser un simple acto de exposición verbal ejercido en el marco de la libertad de expresión y con la finalidad de dar voz a las dificultades y los agravios sufridos por la comunidad campesina, especialmente en estas región.

La región de Asia es el hogar de aproximadamente el 55% de la población mundial, del que – a su vez – el 58% depende de la agricultura como medio de vida. Sin embargo, dispone sólo del 23% de la superficie total del mundo. Las fuerzas de orden político, geográfico y económico, así como las políticas promovidas por instituciones como el FMI, el Banco Mundial y la OMC para reducir las restricciones a la propiedad de la tierra por parte de extranjeros, han contribuido a una situación en la que el acaparamiento de las tierras a nivel tanto local como multinacional, se lleva a cabo por medios legales y paralegales, lo que – entre otros factores – sigue conduciendo al desplazamiento y/o empobrecimiento de los campesinos y los pequeños agricultores. Los esfuerzos para hacer frente a este tipo de problemas sociales mediante el empleo de la violencia de Estado sólo pueden incrementar aún más los niveles de sufrimiento actuales.

Instamos a la comunidad internacional a unirse al Día de Acción Mundial, con fecha de 8 de abril, mediante la celebración de reuniones y acciones de solidaridad para pedir ayuda inmediata a los agricultores y sus familias Kidapawan, justicia para las víctimas y para que el gobierno de Aquino rinda cuentas.

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