Emblemática e histórica audiencia contra el Estado de Guatemala por el caso Diario Militar

Fundacion MYRNA MACK

La audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Diario Militar fue un evento paradigmático que sentará precedentes para el Estado de Guatemala.

Dio inicio a las 8:00 AM con una síntesis de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca de los hechos. La Comisión habló sobre el contexto de la guerra interna y la crueldad en la estrategia contrainsurgente del Estado.

Luego, siguió la declaración de la hija de la desaparecida Luz Haydee Méndez que con lágrimas expuso el terror que vivió al ver como torturaban a su madre cuando ella tenía tan solo 9 años. Narró la violación sexual de la que ella misma fue objeto en ese momento, siendo una niña. Recordó que Luz Haydée era una persona soñadora que luchaba por un país más justo e igualitario. Luego declaró el padre de otra desaparecida, Lesbia Lucrecia García, quien hizo énfasis en que desea un país más justo, donde los hechos no queden en la impunidad. El Estado no formuló ninguna pregunta.

Manuel Vásquez, ex–director de la Unidad de Casos Especiales de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, que fue propuesto como testigo por el Estado de Guatemala, habló sobre las diligencias que el Ministerio Público ha hecho para esclarecer el caso. Afirmó que no se ha podido avanzar significativamente en la investigación del caso porque el Ministerio de la Defensa se niega a proporcionar los documentos relacionados con los casos. El fiscal afirmó que hasta 2009 había una política estatal que les ordenaba no investigar los casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno. Puntualizó que las diligencias realizadas se han llevado a cabo, sólo han sido posibles con el auxilio de organizaciones de la sociedad civil. También señaló que los documentos facilitados por el Archivo Histórico de la Policía Nacional todavía están en análisis. Ante un cuestionamiento de las representantes de las víctimas, el fiscal declaró que no habían entrevistado a ningún militar en este caso, porque ello era prohibido por ley.

Al respecto, Mónica Leonardo, asesora legal de las víctimas, aclaró que al tenor del ordenamiento jurídico interno guatemalteco, el Ministerio Público tiene no sólo la facultad, sino el deber y la obligación de recopilar toda la prueba requerida para el esclarecimiento de los hechos, a través de las diligencias que sean necesarias, lo cual incluye, por supuesto, entrevistas con personas sospechosas o que puedan aportar insumos o indicios.

Kate Doyle, analista del National Security Archives, fue propuesta como experta en el presente caso. Dio testimonio de la forma en que recibió el Diario Militar y de otros documentos que prueban las graves violaciones cometidas contra los derechos humanos durante el enfrentamiento armado interno. Afirmó que el Estado de Guatemala sigue escondiendo documentación clave para esclarecer la verdad. La Corte expresó su beneplácito por la claridad del peritaje que la analista formuló y le calificó como uno de los mejores en la historia.

Después del receso que dio la Corte, una de las representantes de las víctimas, Roxanna Altholz de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley presentó los alegatos finales. Enfatizó que la crueldad de lo sucedido llegó a tal grado que en Guatemala no hubo presos políticos porque todos fueron desaparecidos o ejecutados. Expuso que es el primer caso que conoce la Corte sobre desaparición forzada donde hay un acervo documental tan específico. Señaló que la práctica de desaparición forzada fue utilizada como una estrategia contrainsurgente en el Conflicto Armado. Dijo que la impunidad que se vive en Guatemala ha sido reforzada por el ocultamiento de la información por parte de las fuerzas armadas ya que no hay consecuencias para aquellos que desacatan la ley. Esta información no solo ha sido reservada a las familias sino a las mismas instituciones del Estado. Las desapariciones forzadas del Diario Militar constituyen crímenes de lesa humanidad porque son prácticas sistemáticas y generalizadas del Estado y por lo tanto deben ser juzgadas. También citó una entrevista en un periódico guatemalteco en la que Antonio Arenales Forno, quien en esta audiencia actuó como representante del Estado de Guatemala, afirma que hay una amnistía en el país y que aquel que no está de acuerdo debe impugnarla “hoy, a la ley de amnistía están sujetos todos, incluso jueces y fiscales. […] La única manera en que puede dejar de aplicarse la amnistía es impugnándola y lograr que se declare inconstitucional”. Altholz señaló la improcedencia legal de esas declaraciones.

El peritaje de Marco Tulio Álvarez propuesto por el Estado, fue aludido por las representantes de las víctimas. Álvarez que estuvo encargado de la desclasificación de los archivos militares, a través de un dictamen escrito, declaró que hay muchos obstáculos en el acceso a los archivos castrenses, que muchos se están destruyendo actualmente y que se ha presentado la denuncia pero el Ministerio Público no le ha dado seguimiento. Los representantes dijeron que no tenían conocimiento de la denuncia, aunque el peritaje fue propuesto y presentado por ellos mismos.

Helen Mack, también representante de las víctimas en este caso, tomó la palabra y expresó “solo el hecho de observar el desarrollo de este evento judicial es altamente reparador para las víctimas, en Guatemala […] Necesitamos romper el patrón ideológico de tipo contrainsurgente. No hemos logrado construir una paz firme y duradera, prueba de ello es la falta de justicia. Este caso es emblemático, estamos ante un proceso ante el sistema interamericano que demuestra fehacientemente que se han cometido prácticas bestiales y brutales. […] Para finalizar quiero decir como experiencia personal que una sentencia emitida por una corte de manera imparcial sí hace la diferencia”.

Luego tuvo la palabra el representante del Estado de Guatemala, Antonio Arenales Forno, quien manifestó que se reconocía que durante el conflicto armado interno podría haber habido abusos, pero fue enfático en que no podía aseverarse la veracidad de los hechos del caso del Diario Militar, pues ello era labor de los tribunales de justicia a nivel nacional. En todo caso, también manifestó que, si bien fungía en esta audiencia como representante del Estado, no podía hablar en nombre de los tribunales ni del Ministerio Público.

Aun ante los aparecimientos fortuitos del Diario Militar en 1999, y del Archivo Histórico de la Policía Nacional en 2005, el representante del Estado, Arenales Forno, manifestó que no hay ningún documento relacionado con estos casos.

Antonio Arenales Forno destinó buena parte del tiempo asignado para presentar sus alegatos finales, a declarar que en Guatemala debe aplicar una amnistía por los casos ocurridos durante el conflicto armado interno. Cabe indicar, que estas afirmaciones contrarían no sólo los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte ante quien se estaba exponiendo, sino también las sentencias dictadas por los tribunales guatemaltecos en varios casos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el Diario Militar es una bitácora del terror. Afirmó que las víctimas han estado esperando por justicia durante muchos años y esta se ha visto obstaculizada por la impunidad, la falta de acceso a la información y las violaciones a los derechos de los familiares que aún persisten. Los jueces formularon varias preguntas al Estado de Guatemala y declararon cerrada la audiencia.

Mientras la audiencia se desarrollaba en Ecuador, las familiares de las víctimas de desaparición forzada, víctimas ellos también, aunque mejor definidos como sobrevivientes, se reunieron en las instalaciones de la Fundación Myrna Mack en Guatemala. Fueron acompañados por el equipo de la institución y algunos medios de comunicación. Allí, se vivió la audiencia de manera activa, hubo lágrimas, abrazos, aplausos y una energía de solidaridad y clamor por la justicia que llenó el lugar.

La audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Caso Diario Militar fue una forma de reparación invaluable, un ruego por el cambio a favor de todos, un grito de no repetición, un mensaje claro contra la impunidad y la esperanza de obtener justicia imparcial e independiente.

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